México le entra oficialmente al asunto de encontrar una ecuación para articular el lugar de los dispositivos digitales personales en las escuelas. El asunto no es ajeno a las personas que se dedican a la educación ni a las familias con menores de edad. Quizás sea más lejano para quienes no tienen relación directa con el sector, pero aún así a la gran mayoría de personas nos interpela como usuarias de tecnología.
Esta mañana se ha publicado el acuerdo oficial que busca establecer un marco normativo para el tema. Después de una primera lectura, tengo claro que quienes descalifican por sistema encontrarán suficientes elementos para ir contra lo que se establece en el documento, ya sea para decir que atenta contra la libertad o alguna cosa parecida, o para afirmar que no cambia nada y que al final cada quien hará lo que quiera. Incluso si no es eso exactamente lo que piensan, el conservar la “confianza” de quienes les siguen o el mantener una distancia “crítica” frente a lo que diga la SEP, moverá hacia la simplificación a muchas personas en redes y medios digitales, al menos en sus grandes titulares y en los textos que buscan cualquier el clic a cualquier precio.
Pese a los posibles excesos, las ambigüedades y las inevitables carencias que presenta el acuerdo publicado este martes, pienso que estamos dando un paso importante en la construcción de un mínimo acuerdo social en favor del desarrollo integral de la infancia y la adolescencia . Trataré de explicarlo de manera breve tomando como analogía un ejemplo que, lo tengo claro, es muy lejano y posiblemente no soporte la comparación más allá de uno o dos ángulos: la evolución en las normas relativas al consumo de tabaco. (Anticipo desde ahora que mi paralelismo no toca en forma alguna el asunto de la “adicción”, una capa difusa frente a la cual me reconozco poco capacitado para argumentar).
Hoy existe un consenso público más o menos generalizado en torno al daño que produce fumar tabaco. Estamos lejos de aquellos días en que podía fumarse en la mitad de la cabina de pasajeros de un avión y de los tiempos en que la publicidad de cigarros dominaba amplios espacios en todos los medios de comunicación. Ese consenso sigue siendo quizás una molestia para muchas personas que fuman. Incluso es posible que pese a ese acuerdo social, haya quienes consideren que restringir la venta de tabaco a menores de edad atenta contra la libertad y que cada familia debería formar el criterio suficiente para que sus hijos decidan si fuman o no. Pese a ello, la mayoría aceptamos como legítimo que los comercios no vendan esos productos a menores y miramos al menos con extrañamiento a un adulto que decide públicamente darle un cigarro a su hijo de 12 años porque prefiere que lo “pruebe” con su acompañamiento y no a escondidas.
Cuidando todas las proporciones que implica el ejemplo, creo que hoy estamos empezando a construir referentes sociales sobre lo que es razonable o no en torno a tecnologías que tienen una presencia apabullante en la vida de las personas en general y de las infancias y adolescencias en particular. Algunos creemos que vamos tarde, aunque entiendo que puesto en perspectiva “histórica” habrá quienes juzguen que no es para tanto.
Tengo la convicción de que hoy casi cualquier persona reconoce —sea en su interior, sea en el diálogo con alguien cercano, o sea abiertamente— que no es muy buena idea calmar berrinches con una pantalla o convertir las comidas familiares en espacios para el consumo individual de contenidos digitales desde los dispositivos personales. Pero, al mismo tiempo, es difícil prestarse a lanzar la primera piedra contra quienes caemos en esas conductas, pues la mayoría nos reconocemos enganchadas de alguna otra forma en dinámicas similares.
Quizás me equivoque, pero mi impresión es que en el fondo la mayoría reconocemos que algo va mal en cuanto al uso extremo de dispositivos con conexión a internet o frente al uso desbordado de “chatbots inteligentes” o algoritmos disfrazados de asistentes personales. Pero no es sencillo ponerlo sobre la mesa y examinar esas conductas con todo lo que implican, sea porque las inevitables incoherencias en que incurrimos nos avergüenzan, sea porque los gigantes tecnológicos (y en el caso de las escuelas las llamadas “edtech”) nos han convencido de asumir el discurso de su futuro inevitable, o sea por cualquier otra razón.
En el campo educativo, debatir con seriedad el sustento “científico” del uso de tabletas en la primera infancia o el uso de aplicaciones “gamificadas” en la educación básica se ha vuelto prácticamente imposible. Con o sin interés económico de por medio, es muy difícil asegurar que un estudio nos revela la verdad sobre su impacto. Necesitamos más sentido común y menos referencias a “investigaciones”. Es urgente repensar muchas de nuestras decisiones a la luz de la intuición pedagógica, más en diálogo con el conocimiento profundo sobre aprendizaje y desarrollo del ser humano, y menos a partir de artículos que por muy científicos que parezcan hoy son muchas veces producto de un perverso sistema de puntajes opacado por intereses poco académicos.
Así como hoy nadie —supongo— promovería “liberar” el consumo de alcohol o tabaco a menores de edad, muy poca gente se atrevería a decir que las calculadoras deberían empezar a usarse desde la educación infantil. Existe —todavía y desde hace muchos años, aunque no sé por cuanto tiempo seguirá vigente— un cierto consenso pedagógico con respecto a la importancia de desarrollar ciertos procesos cognitivos durante la infancia, antes de promover el apoyo de una calculadora. Este acuerdo compartido no fue automático, tomó su tiempo. Hoy es difícil saber cuánto nos tomará encontrar un consenso social sobre la prudencia y el daño que puede implicar un uso precipitado de los dispositivos personales o de herramientas de automatización y predicción algorítmica (esas que llamamos “inteligencia artificial”).
Lo triste es que esta discusión no solo aparece tarde en buena parte del mundo, sino que lo hace rodeada de factores que dejan de lado a quienes debería estar en el centro: nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La “conversación” pública se visibiliza cuando mucho del daño ya está hecho y el debate llega dominado por intereses económicos y políticos de la industria digital que nos colocan más cerca de la analogía del tabaco que del ejemplo de la calculadora.
El acuerdo oficial recién publicado en México es más abierto de lo que aparentan los titulares y las grandes declaraciones. Los empresas que producen tabletas y las “edtech” que venden “soluciones educativas” para la infancia —casi siempre disfrazando de aprendizaje el entretenimiento digital— podrán seguir durmiendo tranquilas. Las escuelas seguirán enfrentando muchas tensiones con estudiantes y familias ante la presencia de los dispositivos que no desaparecerán de manera mágica con la emisión del acuerdo.
Y, sin embargo, celebro este “acuerdo” con todos sus posibles defectos.
Seguramente lo que plantea la autoridad educativa no cambia sustancialmente muchas de las prácticas que ya existen en las escuelas y tampoco responde a muchos de los temas que algunas personas quisieran que se resolvieran por decreto, pero nos ayuda a revisar las acciones que estamos promoviendo y nos ofrece un marco común para la reflexión con nuestras comunidades.
A mí me anima a pensar que, aunque será difícil y tomará más tiempo del que me gustaría, estamos dando un pequeño pero importante paso en la posible construcción de un consenso social que coloque al centro el bienestar y el desarrollo pleno de nuestras infancias y adolescencias.
